Un ‘mosso’ dice a la juez que pensó que Benítez “fingía” tras ser reducido.

Fuente: El País. Un ‘mosso’ dice a la juez que pensó que Benítez “fingía” tras ser reducido.

Los abogados de la acusación, David Aineto y Laia Serra, ayer tras las declaraciones en el juzgado. / ALBERT GARCIA

Uno de los nueve mossos imputados por el caso Raval afirmó ayer ante la juez que pensó que Juan Andrés Benítez “fingía” haberse desmayado tras ser reducido de forma violenta por la policía autonómica. El hombre, de 50 años, acabó muriendo horas después. El agente fue uno de los últimos en llegar a la calle de la Aurora de El Raval, el pasado 5 de octubre. Por esa razón, y porque estaba ayudando a “contener” a los vecinos, dijo, apenas presenció la intervención de sus compañeros. El policía admitió que, mientras Benítez era reanimado por los equipos médicos, vertió agua en el charco de sangre que había quedado en el suelo.

El noveno mosso fue uno de los encargados de ayudar a subir al coche patrulla al empresario delGayxample. En ese momento, explicó, Benítez “deja la cabeza muerta y deja de moverse”. El policía decidió “dar la vuelta al coche porque no se lo cree”: opina que Benítez “está fingiendo” y valora aplicarle un “punto de dolor” —presionarle una zona del cuerpo— para comprobar su reacción, según la declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Cuando entró en el coche, sin embargo, vio que otro compañero “ya estaba haciéndole un punto de dolor para ver si fingía”. Al comprobar que no era así, alertaron a los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La imputación de este agente por obstrucción a la justicia surgió a raíz de la investigación de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos. Ante la DAI, el agente ya admitió que limpió la sangre con una botella de agua por higiene y defendió que es una “práctica habitual” tras una pelea. En un auto, sin embargo, la magistrada Eva Moltó rechaza ese argumento: “Ni razones de salubridad, higiene o protocolos justifican que unos agentes borren o alteren rastros de un posible hecho delictivo”.

El mosso explicó ayer que vio la mancha “poco antes de irse” de la actuación y que un compañero ya había intentado limpiarla antes. El mosso añadió que nadie le ordenó diluir la mancha y que, en ese momento, Benítez “está ya en la ambulancia”. Un compañero, matizó, le había explicado que había entrado en parada cardiorrespiratoria, pero que los médicos le habían logrado reanimar y, estable, se lo llevaban al hospital Clínic. Al imputado “no se le ocurrió”, sigue la declaración, tomar muestras o fotos de la sangre —como sugería la juez en su auto—, porque “no había motivo”.

El agente vio a una ‘mossa’ hablar con vecinos, pero ignora si pidió imágenes

Además de un delito contra la vida, los policías del caso Raval están imputados por coacciones. Una testigo explicó que una agente femenina de los Mossos se presentó en su casa esa misma noche para preguntarle si había tomado imágenes de lo ocurrido. La vecina, de nacionalidad francesa, admitió que sí y las borró delante de la agente.

Entidades gays denuncian a un sindicato por divulgar que era seropositivo

La magistrada ha pedido al Departamento de Interior que identifique a las agentes que intervinieron esa noche en El Raval. Interior aún no ha respondido, según fuentes judiciales, pero el noveno mosso arrojó luz sobre el asunto. Este explicó que “una agente femenina” —de la que dio nombre y apellidos— “entró en uno de los pisos”. “Al verla entrar sola fue tras ella y le preguntó qué pasaba. Le dijo que habían lanzado algo desde un piso”. Cuando vio que hablaba “con una mujer que le pareció normal, que no le pareció la típica persona que arroja objetos por el balcón”, se fue.

Un técnico del SEM, que declaró como testigo, explicó que Benítez tenía la cara ensangrentada y que lo encontró en el coche patrulla “boca abajo” y esposado. Antes, había atendido a una mossa a la que, supuestamente, mordió Benítez (ese fue el origen de la reducción). El técnico no acreditó que tuviera un mordisco y dijo que apenas tenía “rigidez vertical”.

Duro enfrentamiento entre Fernández y Madina por la Ley de Seguridad Ciudadana

Fuente: El Diario. Duro enfrentamiento entre Fernández y Madina por la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo proyecto llega este viernes al Consejo de Ministros, ha provocado en el pleno del Congreso un duro enfrentamiento entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina. El portavoz del PSOE acusó al ministro de estar provocando con la reforma una “involución democrática”, y de vivir y querer hacer vivir a toda la sociedad “en el universo del miedo”. “Ustedes producen miedo”, sentenció en su intervención Madina.

El titular de Interior subió a la tribuna visiblemente enfadado y no ahorró descalificaciones contra el portavoz socialista al que acusó de decir “tonterías” y de “hacer el ridículo” por criticar la ley “sin conocerla, con un guión preescrito”.

El duelo fue muy tenso. Durante el debate, el enfado del ministro fue creciendo paulatinamente hasta llegar al final de su réplica en la que, visiblemente nervioso, emplazó a Madina a “pedir perdón” por todas “las barbaridades” que había dicho durante la interpelación sobre la ley cuando ésta llegue a la Cámara para ser debatida. A su vez, Madina le advirtió de que recurrirán el texto ante el Tribunal Constitucional y que lo derogarán si el PSOE gobierna.

El portavoz del PSOE le acusó de “tener un grave problema a la hora de interpretar los derechos fundamentales de manifestación, de huelga, de reunión y de información”, advirtiéndole de que si no modifican profundamente el borrador de la ley “van a tener al PSOE enfrente”, tanto en el Parlamento como en la calle. “Quieren socializar en España su propio miedo revirtiendo los derechos nucleares de la Constitución”, le espetó Madina, vaticinando que la respuesta a la ley va a ser el aumento de las protestas ciudadanas, a las que los socialistas piensan sumarse.

Los rumores de que el borrador que será presentado este viernes en el Consejo de Ministros puede ser suavizados no fueron confirmados claramente por Fernández Díaz, aunque el ministro sí confirmó que habrá “matices” en la tipificación de algunos de los delitos después de haber recibido algunas “sugerencias y aportaciones” de otros ministerios, como el de Justicia. Fernández negó que estas sugerencias sean “presiones” y defendió las cuantías de las sanciones que van a imponerse, porque, según afirmó, “son las mismas que recogía la ley de 1992” y que el PSOE no modificó cuando gobernó.

“El Gobierno tiene que garantizar la libertad, la seguridad y la convivencia en paz de todos los ciudadanos” y no permitir que “conductas violentas alteren el orden” , insistió Fernández tanto dentro como fuera del hemiciclo.

Durante el debate, el ministro fue interrumpido en diversas ocasiones por las protestas de los diputados del PSOE que le abroncaban por recriminar a Madina con frases despectivas: “Su intervención ha sido penosa. Dice que tengo miedo. ¿A quién quiere impresionar? A mí desde luego no me impresiona. Nos conocemos hace mucho tiempo. No es serio. No sabe usted lo que dice”.

Fernández Díaz se refirió  también a “la herencia recibida” a la que achacó el descontento social como caldo de cultivo de las más de 22.000 manifestaciones de estos años. Por ello justificó los cambios, “ahora que se vislumbra la salida de la crisis”, para impedir “la violencia urbana y actitudes vandálicas y garantizar la seguridad ciudadana”, que en su opinión es lo que demandan la mayoría de los españoles.

Alfonso Rus: “Hernández Mateo no tiene que cumplir condena porque es amigo mío”.

Fuente: La Sexta. Alfonso Rus: “Hernández Mateo no tiene que cumplir condena porque es amigo mío”.

En Valencia, 45 de los 54 diputados del Partido Popular en las Cortes Valencianas firmaron la solicitud para pedir el indulto del exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo y diputado del mismo partido condenado por prevaricación y falsedad en documento oficial. Gonzo ha recogido las explicaciones, justificaciones y excusas de los diputados del PP que firmaron a favor de la petición de indulto para el exalcalde.

Aquí el video.

Atrapados hora y media en el Metro de Madrid

Fuente: Público. Atrapados hora y media en el Metro de Madrid.

Varios cientos de viajeros han pasado esta mañana alrededor de una hora y media atrapados en un convoy del Metro de Madrid que ha sufrido una avería, a oscuras en algunos momentos y sin recibir ninguna información sobre lo que ocurría, según una de las personas que viajaba en el tren. El tren quedó averiado a las 09.40 horasen el túnel de la línea 5 entre las estaciones de Chueca y Gran Vía y que el servicio no quedó restablecido hasta las 11.25 horas.

Pasajeros en el Metro de Madrid, en una foto de archivo.- EFE

Como consecuencia de esa avería, el servicio de trenes en la línea 5 ha estado suspendido hasta esa hora entre las estaciones de Rubén Darío y Ópera en ambos sentidos. La idea de los responsables de Metro era que el convoy avanzase “muy despacio” hasta alcanzar el anden de la siguiente estación para que los viajeros pudieran apearse.

Sin embargo, esa información no ha sido comunicada a los viajeros, que lo que han veían es que el tren estaba detenido en el túnel y después se movía por momentos, efectivamente muy despacio, aunque también reculaba parte de lo avanzado a causa de la pendiente. Una redactora de la Agencia Efe que viajaba en ese convoy ha relatado que en el interior del tren, en el que gran parte de los usuarios estaba de pie, hacía mucho calor y a ratos se ha ido la luz.

Después de muchos minutos en esa situación se han vivido momentos de gran nerviosismo cuando una mujer ha sufrido un crisis de ansiedad y ha pedido a voces que alguien abriera para poder salir. Ha sido atendida por sus compañeros de viaje, que de todos modos poco más han podido hacer por ella que darle agua de una botella.

Además de que por la megafonía del tren no se ha informado de nada, la cobertura de móvil solo funcionaba para alguna de los operadoras habituales y los viajeros han tenido que dejarse prestado el teléfono para comunicarse con el exterior, por ejemplo para avisar de que llegaban tarde al trabajo. Cuando llevaban un rato atrapados y han comprobado que ya no circulaban trenes por el túnel, han intentado abrir las puertas utilizando los sistemas previstos para ello pero no han podido.

De todas formas, una hora y media ha dado para mucho y también se han vivido momentos de distensión, como cuando algunos recordaban películas con situaciones similares o planteaban distintas formas de ser rescatados, por ejemplo poniendo un tren paralelo al que ser trasvasados. Finalmente, el convoy ha podido entrar en la estación, al menos el primer coche, y los viajeros han recorrido el tren de vagón en vagón hasta salir todos sin ningún daño que lamentar.

Interior encomendó a un antiguo mando de los antidisturbios la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Fuente: El Diario.Interior encomendó a un antiguo mando de los antidisturbios la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La visión de los antidisturbios, los policías encargados de actuar durante las protestas ciudadanas, ha estado presente de forma directa en la redacción del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que estudiará el viernes el Consejo de Ministros. Y no sólo porque se haya consultado a los sindicatos policiales su opinión sobre el borrador. Según informaron a eldiario.es fuentes del Ministerio del Interior, el asesor encargado de pilotar la reforma legal es un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía cuya trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en las Unidades de Intervención Policial (UIP), formadas por los conocidos como antidisturbios.

Policías procediendo a una detención durante una manifestación en Madrid.

Este inspector jefe, que ha mandado unidades antidisturbios en Navarra, Sevilla y Madrid, ha estado al frente del reducido grupo de personas a quienes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, encargó a principios de año trabajar sobre el borrador que le dejó su antecesor en el cargo. Según las citadas fuentes, este inspector jefe es además un policía de toda la confianza del director adjunto operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, el máximo responsable a nivel estatal de los antidisturbios durante los Gobiernos de José María Aznar.

La reforma de la ley que ultima el Gobierno hace especial hincapié en la protección de los antidisturbios. De forma directa, cuando sanciona como infracción muy grave “insultar, coaccionar y vejar” a los agentes, así como la distribución de imágenes en las que aparezcan los policías. Y de un modo general, al tipificar todas las conductas que pasan a estar prohibidas en una manifestación y que inciden en la labor que desarrollan los miembros de las UIP.

Tan solo un año después de tomar posesión, Ignacio Ulloa abandonó el cargo de secretario de Estado de Seguridad en un hecho que convulsionó el Ministerio del Interior. En un primer momento, desde el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, se atribuyó su marcha a motivos personales. Después se alegó que Moncloa lo había reclamado para ocupar una plaza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fiscal, juez de primera instancia y abogado del Tribunal Constitucional, Ulloa había perdido la confianza de Jorge Fernández Díaz. Entre los motivos del choque con el ministro del Interior estaban las reformas que en materia de orden público lanzaba el titular de la cartera y que, según fuentes que trabajan en el Ministerio, no eran compartidas por Ulloa, quien no les encontraba encaje legal.

Sin ir más lejos, Fernández Díaz anunció públicamente que el nuevo Código Penal incluiría como delito la resistencia pasiva a los agentes o convocar manifestaciones que luego desembocaran en altercados. A los pocos días fue desmentido por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La resistencia pasiva nunca estuvo dentro del proyecto de reforma del Código Penal Procesal, pero Fernández Díaz se ha salido con la suya, en parte, con la convocatoria de manifestaciones. No serán delito, pero su Ley de Seguridad Ciudadana prevé recogerla como infracción muy grave castigada con hasta 600.000 euros de multa.

Cambios en el borrador

Al tomar el relevo en la Secretaría de Estado de Seguridad, Francisco Martínez asumió la reforma pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana, el instrumento con el que el Gobierno pretendía hacer frente al malestar ciudadano. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con duros autos de los jueces contra la actuación policial, en los que se primaba la libertad de expresión de los ciudadanos.

Con un primer borrador ya elaborado por el anterior equipo, Martínez eligió para desarrollar el texto a uno de sus vocales asesores, el citado inspector jefe, con experiencia en lo que en términos policiales se denomina “control de masas”. En el borrador que recibió este policía no aparecía, por ejemplo, la potestad de la Policía para evitar los escraches, disolver manifestaciones con vehículos, como las producidas en Cataluña contra los peajes, o retener la documentación a los manifestantes cuando el agente lo considere necesario, según fuentes conocedoras de dicho escrito provisional.

A diferencia de su antecesor, Francisco Martínez fue elegido como número dos del Ministerio por Fernández Díaz, con quien había trabajado en el Congreso de los Diputados en calidad de letrado de las Cortes. Martínez ha sido el único miembro del Gobierno, junto con el delegado en Melilla, Abdelmalik El Barkani, que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas en las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos.

Independientemente de que trabaje a las órdenes del secretario de Estado, el inspector jefe que ha controlado la reforma de la ley es considerado en el ámbito policial un hombre del número dos de la Policía, Eugenio Pino. El nombramiento de este comisario principal como director adjunto operativo ha marcado en parte el devenir del Ministerio del Interior en estos dos años. En su elección tuvieron que ver dos factores: su intensa colaboración con el Partido Popular cuando éste aún estaba en la oposición y su experiencia en la represión de altercados. No en vano, una de las principales tareas que encomendó Mariano Rajoy a su amigo Fernández Díaz en Interior fue mantener el orden público en una legislatura de crisis y recortes.

El comisario Eugenio Pino está detrás de la decisión de enviar a Barcelona a dos comisarios de su confianza, ajenos a la investigación del caso Palau, para intentar convencer a los fiscales anticorrupción de que había que registrar la sede de CDC en plena campaña electoral. En aquella época se produjeron las filtraciones de informes apócrifos y borradores policiales sobre supuestas corruptelas, no judicializadas, de Artur Mas, Jordi Pujol y algunos de sus familiares.

Por decisión suya se ha renovado en dos ocasiones a la cúpula policial, cambiando en otras tantas ocasiones al comisario responsable de las investigaciones de corrupción. Una de las primeras medidas del Gobierno de Zapatero fue apartar a Pino del mando de los antidisturbios y enviarlo a dirigir la Comisaría Provincial de Huesca, el mismo destino que recibió el comisario condenado por el caso Faisán cuando fue apartado por el actual Ejecutivo de la Jefatura Superior de Policía de Euskadi.

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El Congreso aprueba la reforma de las pensiones con el rechazo en bloque de la oposición.

Fuente: Público. El Congreso aprueba la reforma de las pensiones con el rechazo en bloque de la oposición. Toda la oposición en el Congreso rechazó este miércoles las ofertas de transacción planteadas por el PP a la ley de reforma de las pensiones, que ha sido aprobado por la Comisión parlamentaria de Empleo con el único respaldo de los ‘populares’ y que ahora será enviada al Senado. La norma prevé la introducción, a partir de 2019, de un factor de sostenibilidad que vinculará la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema. Además, a partir de 2014, las pensiones no se revalorizarán en función del IPC, sino de un nuevo índice vinculado a los gastos e ingresos del sistema, con un suelo de subida del 0,25% y un techo del IPC más 0,25%.

Fátima Báñez, ministra de Empleo/Efe

Así, tras varios meses de negociaciones, el Ministerio de Empleo no ha conseguido convencer ni a los sindicatos y patronal, ni a los grupos parlamentarios, que decidieron rechazar todas las propuestas de transaccional que les ofreció el PP a pocas horas del debate parlamentario al considerar que son “provocadoras” y que sólo buscan “aparentar un consenso y cercanía que no existe”. Los diferentes grupos mantuvieron la defensa de sus enmiendas al texto, que en la mayoría de los casos pasan por proponer nuevas vías de ingresos para el sistema —cambios en las cotizaciones, unificación de regímenes de la Seguridad Social, pagar gastos administrativos con cargo a los Presupuestos Generales— y por pedir al Ejecutivo que aparque o retire su reforma para empezar a negociar de cero, ya que no hay prisa para aprobar la normativa. Frente a las críticas generalizadas, el PP ha maquillado un poco su reforma con un arreglo cosmético: elevar el techo de revalorización de las pensiones al IPC más el 0,5% en los años que suban, o en su defecto estudiar cómo liberar recursos de la Seguridad Social. Este cambio no afecta al tope mínimo fijado en la nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones, que permanecerá en un incremento del 0,25%. Este cambio se aprobará en el Senado. Pero ni por esas ha tragado la oposición. La socialista Magdalena Valerio acusó al PP de “abusar de su mayoría absoluta” para aprobar una reforma “sin apoyo” social, “en contra” de los intereses de los pensionistas y “pasando olímpicamente” del Pacto de Toledo. “Están metiendo el miedo en el cuerpo y generando tal alarma respecto de la sostenibilidad de las pensiones que están propiciando campañas muy potentes para vender fondos de pensiones”, criticó, afirmando que el PSOE derogará esta ley en cuanto llegue al Gobierno. El portavoz de Empleo en la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, recordó que la titular del ramo, Fátima Báñez, ofreció un diálogo sobre la reforma para luego “ningunear” a todos los interlocutores de esta reforma. “Nos hemos sentido burlados”, aseguró, acusando al Ejecutivo de “cerrarse en banda a cualquier modificación significativa” del proyecto y de ofrecer acuerdos “de broma” que suponen incluso “una provocación”. Además, cree que la reforma es “ideológica” para favorecer a las aseguradoras privadas, y que tiene “poco que ver con las causas” de los retos demográficos y de ineficiencia del sistema productivo. El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, explicó que se opone al texto porque “no ha sido consensuado” y porque dejará a los pensionistas “condenados a una pérdida continuada de poder adquisitivo en los años venideros”. Además, reprochó al PP que presente transaccionales “a última hora” sobre temas de poco contenido para “aparentar un consenso y cercanía que no existe”. Por el PNV, Emilio Olabarria, dijo que el procedimiento de aprobación de la reforma “raya la atrofia democrática” por sus “déficits reglamentarios y de legitimidad”, y acusó al Gobierno y al PP de “cobardes” por afectar a un colectivo “vulnerable, cautivo del presupuesto público e invertebrado” con una reforma que “vulnera la Constitución porque no garantiza pensiones públicas, suficientes y universales”. Para Carles Campuzano, de CiU, la “pereza mental” de la mayoría absoluta del PP ha llevado a una “tramitación inaudita” de un asunto que en los últimos 20 años siempre había contado con acuerdo de los interlocutores sociales y se había aprobado con un consenso político amplio. “La voluntad de diálogo de la ministra ha sido sólo una expresión retórica y las transacionales ofrecidas son anecdóticas”, dijo el parlamentario catalán.

Respuesta del PP

La diputada del PP, Carolina España, aseguró que la decena de enmiendas transacionales ofrecidas, que “beneficiarían a los ciudadanos”. “Me ha producido sorpresa y tristeza que no las acepten”, dijo. Destacó  el “esfuerzo” del PP por acercarse a la oposición y acusando a los portavoces de tener “nula capacidad de diálogo”. “Y así es muy difícil llegar a acuerdos. Sean valientes y dejen a un lado los intereses partidistas”. La diputada del PP criticó que se “genere alarma social”pese a que la reforma es “garantía de que todos los pensionistas, hoy y mañana, cobrarán una pensión pública que subirá siempre, incluso en los peores momentos de crisis”. “Se fortalece el modelo para que sea sostenible y autofinanciable”, dijo, apuntando a los socialistas como los principales lobbistas de las aseguradoras y acusándoles de estar dispuestos a volver a congelar las pensiones si hace falta. Noticia completa en la fuente.

De los tartazos al tiro en la nuca va un paso (o eso dice el PP)

Fuente: El Diario.De los tartazos al tiro en la nuca va un paso (o eso dice el PP)

Al senador del Partido Popular Francisco Granados la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel para los activistas acusados de lanzar un tartazo a la presidenta de Navarra le parece poco. En el programa ‘El Cascabel al gato’ de 13tv, el que fuera exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Esperanza Aguirre destacó, frente a lo que calificó de “buenismo de la izquierda”, que el lanzamiento de tartas “no se puede consentir” porque “de eso al tiro en la nuca va un paso, un camino muy estrecho”.

Granados, que calificó de “sabandijas intolerantes” y “filoterroristas” a los activistas acusados, comparó el tartazo con el ataque a la librería Blanquerna de Madrid, al que restó gravedad. “Entran unos fascistas en la librería Blanquerna y pegan cuatro voces y la izquierda sale y dice que prácticamente hay que fusilarlos al amanecer y resulta que estos tíos, que son filoterroristas, agreden a una señora y la ponen de tarta hasta arriba y dicen que nada… como están en minoría…”.