Robar en un supermercado pasará de falta a delito en el nuevo Código Penal

Fuente: El Confidencial Digital. Robar en un supermercado pasará de falta a delito en el nuevo Código Penal

El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour… han conseguido que el ministro Gallardón incluya sanciones de hasta 18 meses de cárcel por hurtos en grandes superficies

Robar en un supermercado será delito en el nuevo Código Penal que elabora el Gobierno. Contemplará condenas de más de un año de cárcel por los hurtos en grandes superficies. Alberto Ruiz-Gallardón ha aceptado la propuesta de las empresas de distribución más importantes del país para frenar el aumento de las sustracciones en sus centros.

Centro comercial de El Corte Inglés.Centro comercial de El Corte Inglés.

 Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el Ministerio de Justicia incluirá en el texto definitivo del nuevo Código Penal esta modificación tan relevante para los centros comerciales y grandes supermercados.

Estas prácticas pasarán a ser delitos y a estar castigados con penas de entre 6 y 18 meses de cárcel. Eso sí. Se incluirá como atenuante, explican, la situación económica cuando el valor de lo sustraído no supere los 1.000 euros.

En todos los demás supuestos se considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída. El límite que establece la legislación actual para ser tipificado como delito es el apropiamiento indebido de más de 400 euros.

Reuniones del sector de la distribución con Gallardón

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD confirman que este cambio ha sido posible gracias al trabajo discreto de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

Representantes de este colectivo se han reunido en los últimos meses con altos cargos delMinisterio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que sus reclamaciones se tuvieran en cuenta en la redacción del nuevo texto legal.

La patronal AECOC representa a las empresas más importantes del sector de la alimentación y distribución en España como El Corte Inglés, Mercadona, Coca Cola, Caprabo, Fnac, Carrefour y Mango.

La propuesta ha sido aceptada por el Gobierno

El proyecto de ley de reforma del Código Penal se encuentra todavía en fase de tramitación parlamentaria. Algunas fuentes políticas dudan de que vaya a ser aprobado en esta legislatura.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, el ministro Gallardón ya ha trasladado a los directivos del sector de los grandes de la distribución que esta medida será incluida en la nueva normativa ante el aumento de los hurtos en centros comerciales en los últimos años por la crisis.

130.000 hurtos en supermercados y tiendas en 2013

En 2013, se produjeron en España más de 130.000 hurtos en supermercados, grandes almacenes y pequeñas tiendas de barrio, según fuentes del sector.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que –según datos del propio sector- sólo se denuncian un 18% de las sustracciones. Motivo: con la ley actual, no sirve de mucho interponer una denuncia.

Arranca el juicio contra el juez del ‘caso Blesa’ por prevaricación

Fuente: Cadena Ser. Arranca el juicio contra el juez del ‘caso Blesa’ por prevaricación

Durante el juicio declararán como testigos contra Silva el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, su abogado y los fiscales del caso

PILAR VELASCO   21-04-2014 – 07:16 CET

Comienza la vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Elpidio José Silva por presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y retardo malicioso en la administración de la justicia durante la instrucción de los créditos millonarios del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida.

El juez Elpidio José Silva, en una imagen de archivo– (EFE)

Todavía no ha pasado un año desde que el magistrado del Juzgado Número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, enviara a Miguel Blesa a la cárcel a raíz de la instrucción por la venta del City National Bank de Florida. La primera vez el banquero salió de la cárcel de Soto del Real tras pagar una fianza de 2,5 millones de euros. En la segunda, sin fianza, sólo lo hizo cuando la Audiencia de Madrid determinó que la instrucción se había abierto sin garantías. Semanas después, el caso dio un giro y la Fiscalía de Madrid se querelló contra el magistrado -a instancias del banquero- por prevaricación, dos delitos contra la libertad individual de Miguel Blesa y retraso intencionado durante la instrucción de la causa.

Hoy Elpidio José Silva se sienta en el banquillo en un juicio que considera “amañado” de antemano e inmerso en el lanzamiento de su candidatura política de cara a las europeas de mayo. Está previsto que el juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dure toda la semana. La Sala estará compuesta por los magistrados Arturo Beltrán Núñez, Ana tardón y Eduardo Urbano, después de que los jueces de la Sala, Francisco Javier Vieira y Susana Polo, se hayan apartado del tribunal recusados por Elpidio José Silva.

Tras las cuestiones previas, Silva será interrogado a petición de la Fiscalía y las acusaciones de Miguel Blesa, su abogado Carlos Aguilar y el letrado del exdirigente de la CEOE, Gerardo Diaz Ferrán.

Después pasarán por la Sala una veintena de testigos. Por un lado, el ministerio público ha pedido que declaren los agentes de policía judicial que instruyeron el caso. Después, también en calidad de testigos, lo harán Miguel Blesa, su abogado Carlos Aguilar y dos peritos de KPMG autores del informe sobre los créditos supuestamente irregulares de Caja Madrid a Díaz Ferrán.

A partir del 24 de abril, testificarán los dos fiscales que llevaron el caso, Yolanda Conejero y Agustín Hidalgo; además de varios funcionarios del juzgado Número 9 de Madrid de Silva. El magistrado sustituto que se hizo cargo de la instrucción tras la recusación a Elpidio José Silva, Juan Antonio Toro, también testificará a petición de la acusación de Miguel Blesa. Por parte del pseudosindicato denunciante, Manos Limpias, Miguel Bernard y Luis Pineda cerrarán la ronda de testificales.

En su escrito de acusación, la Fiscalía mantenía que Silva dictó resoluciones “frontalmente contrarias a Derecho”, “arbitrarias y carentes de motivación” en la instrucción de los créditos millonarios al expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán.

El ministerio público pide 30 años de inhabilitación para Silva, aunque sólo podría estar fuera de la carrera judicial el máximo de 20 años.

Los correos de Blesa se libran del banquillo

Los más de 5.000 correos electrónicos corporativos de Miguel Blesa intervenidos en los servidores de Bankia durante la instrucción no formarán parte de las pruebas admitidas por la Sala. Según fuentes de la Fiscalía, primero, porque están anulados. Pero sobre todo, porque Silva no los utilizó para mandar a Blesa a la cárcel. Sólo se han incorporado los que utilizó la Guardia Civil en sus informes. En concreto, una veintena de emails entre Blesa, Díaz Ferrán y los directivos de Caja Madrid con las gestiones presuntamente irregulares para la concesión de créditos millonarios que fueron a parar a empresas y familiares del exdirigente de la patronal. Además, se incluirán dos mails recogidos en los autos de prisión sobre la venta del banco de Florida.

El juez Pedraz se niega a archivar el caso de la muerte de José Couso en Irak

Fuente: Más voces. El juez Pedraz se niega a archivar el caso de la muerte de José Couso en Irak.

El titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ha buscado resortes legales en los tratados internacionales firmados por España para sortear la reciente reforma aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular y que intenta poner fin al principio de jurisdicción universal en el Estado español.

El juez entiende que la reforma promovida por el PP contradice la IV Convención de Ginebra firmada por el Estado español que obliga a perseguir los delitos contra las personas en caso de conflicto armado.

El Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto que a lo largo de la semana la Audiencia Nacional empezara a archivar causas internacionales por no ajustarse a la nueva legislación. El caso Couso es uno de esas causas, que además ha puesto en varios compromisos a los Gobiernos de Zapatero y ahora Rajoy. Pero en este caso el magistrado afirma que el archivo supondría “admitir la posibilidad de que una norma interna derogue un convenio internacional, lo cual está proscrito”.

El caso Couso hace referencia al asesinato del cámara de Telecinco José Couso por parte de militares estadounidenses durante la invasión de Bagdad en 2003. El juez Pedraz rechaza en su auto el archivo al entender que, al menos para este caso, la reforma legislativa de la justicia universal contradice la IV Convención de Ginebra que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Estados Unidos nunca ha colaborado en la investigación por la muerte del cámara. Pedraz llegó a enviar una carta al Ministerio de Justicia quejándose de la falta de colaboración del Gobierno norteamericano. Una falta de ayuda que ha sido tal que ni “siquiera ha notificado a los procesados [tres militares estadounidenses] el auto de procesamiento” y comunicó al Ministerio de Justicia “tal incumplimiento a fin de que el Gobierno de España” adoptase “las medidas oportunas”.

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“La Policía sigue entendiendo que las comisarías son su coto privado”

Fuente: Público.“La Policía sigue entendiendo que las comisarías son su coto privado”

A raíz de la queja que interpuso la Brigada Provincial de Información de Madrid ante el Colegio de Abogados, en la que denunciaban que los letrados recomendaban a los detenidos en manifestaciones que no declarasen en comisaría, se ha tensado la cuerda en una disputa sobre interpretaciones de la ley. Los abogados se amparan en sentencias del TS y TC, así como en una directiva de la UE, para argumentar que la asistencia y asesoramiento comienza cuando llega a comisaría, algo que niega la Policía en todos los casos   

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL Madrid 17/03/2014 07:00

Imagen de la detención de un manifestante en una protesta ciudadana.

Imagen de la detención de un manifestante en una protesta ciudadana.- JAIRO VARGAS

Desde que comenzaron en Madrid las movilizaciones del movimiento 15-M la Comisión Legal de Sol ha contabilizado 436 detenciones de manifestantes por la Policía. De ellas, los abogados del este colectivo han llevado 317 procedimientos. Un tercio de ellos han sido archivados por los jueces sin necesidad de juicio y el resto, sin excepción, han sido ganados por los acusados o siguen abiertos, tal y como exponía Naomi Abad, letrada de Sol, el pasado 1 de marzo en el Ateneo de la capital. Esto significa que cerca de medio millar de personas han pasado por los calabozos durante los últimos años por participar en movilizaciones sociales, tras haber sido detenidos por unos hechos de los que luego los jueces nunca les encontraron culpables. En dependencias policiales, más allá de las denuncias por malos tratos, los activistas se han de enfrentar a un interrogatorio policial en el que ha de estar presente el abogado. Y éstos siempre les hacen la misma recomendación: “No declares en comisaría”.

“En prácticamente todas las comisarías que he visitado me han regañado y amenazado cuando le he ido a decir a mi defendido que no declarase en comisaría”, cuenta Ignacio Trillo, de la Red Jurídica Abogados de Madrid. Por eso, él va siempre “con sentencias del TC y del TS para explicarles a los agentes que la asistencia de defensa empieza cuando el abogado llega a la comisaría”. Y se queja de que los agentes siempre le dicen que “el letrado no puede hablar con el detenido” y “en muchas ocasiones te gritan y te amenazan con poner quejas”.

La Policía sostiene que el abogado no puede intervenir durante el interrogatorio a los detenidos

Cuando una persona es detenida y llevada a la comisaría, la Policía le pide una declaración en esas dependencias, que según establece la ley debe ser hecha delante del abogado. Y es ahí donde se produce el desacuerdo entre la Policía y los letrados. Los agentes defienden que en ese momento el abogado no puede intervenir y, por lo tanto, no puede aconsejarle al detenido que no declare. Mientras, los juristas sostienen que desde que entran en comisaría comienza su asistencia al arrestado y que durante las diligencias de interrogatorio ellos pueden aconsejarle que no declare nada, tal y como hacen en la mayoría de los casos. Y lo hacen así porque en ese momento aún no han podido ver el atestado policial completo y, por lo tanto, no tienen nada sobre lo que asesorar a su cliente.

Aunque este desacuerdo viene de lejos y es una pelea que dan letrados y policías en la mayoría de ocasiones, sobre todo en los casos de activistas detenidos en manifestaciones, el tema ha saltado a la palestra después de que recientemente la Brigada Provincial de Información de Madrid haya presentado una queja formal ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los “constante comportamientos inadecuados y de escasa profesionalidad” de un “cierto colectivo” de abogados con los agentes encargados de la toma de declaración de los atestados tramitados por esa unidad policial, que es la que se encarga de los detenidos en movilizaciones. En concreto, se refieren a los abogados que asistieron a los 14 detenidos el pasado 15 de enero tras los incidentes ocurridos en la capital durante una concentración en apoyo a los vecinos del barrio burgalés de Gamonal.

En el escrito dirigido al ICAM bajo el asunto “Desinformación de Letrados” los agentes de la BPI relatan cómo los letrados indicaron a sus defendidos “expresamente que no declarasen en dependencias policiales, haciendo caso omiso a las indicaciones de la instructora, la cual le manifestó que se abstuviese de hablar con su defendido hasta que finalizase la declaración”. De esta forma, la Brigada argumenta en el escrito que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 520, apartado 6, que la asistencia del abogado consistirá en solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de sus derechos y entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiera intervenido.

Los abogados denuncian constantes presiones y amenazas para que no aconsejen no declarar a sus defendidos

Para los abogados que estuvieron ese día, este caso no es excepcional. “Siempre te dicen lo mismo. Si son varios te gritan, te amenazan con poner quejas. Pero esta es la primera queja formal que veo”, dice Ignacio Trillo. Denuncia, además, que lo mismo ocurre cuando indican a los detenidos que asistan a un médico para un parte de lesiones o que traigan a un traductor. “Interpretan la ley de enjuiciamiento criminal de un modo según el cual hasta después del interrogatorio el abogado no puede hablar con el cliente. Buscan presionar a los abogados para que no hablen con el cliente, pues a la hora de instruir a la Policía le conviene que los detenidos no estén asesorados” añade.

“Cuando el abogado llega a comisaría no sabe nada. La Policía no hace el atestado hasta después las diligencias con el detenido y el abogado no puede asesorar en nada al acusado porque no hay acusaciones reales” explica Ignacio Martín, miembro de la Asociación Libre de Abogados y con experiencia en este ámbito. “En todos los casos, lo mejor es no declarar en comisaría, porque no sabes de lo que se te acusa”, añade. Así, él también entiende, al igual que el resto de abogados y recogiendo la jurisprudencia, que la asistencia letrada al detenido “no es un mero acompañamiento, el abogado no es un externo que vea una diligencia, sino que es parte, le estás asistiendo”. Y “eso es lo que la Policía no comprende”.

 Jairo Vargas

Jairo Vargas

Una directiva de la UE y jurisprudencia de los tribunales

Distintas fuentes policiales consultadas por Público han reiterado su postura: “La Policía interroga al detenido y el abogado está presente, pero no puede intervenir hasta la entrevista que tienen después”. Sin embargo, los abogados disienten y se amparan en la legislación europea  y la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, además de la propia Constitución española. Fuentes jurídicas del TS han confirmado a este diario que “el abogado no es un invitado de piedra”, sino que “su presencia es para que asista al detenido y eso consiste en asesorarle, también durante el interrogatorio de la Policía”. Según esta fuente, el letrado podría estar presente en el interrogatorio e indicarle a qué responder y a qué no o, directamente, decirle que no declare nada en comisaría y que espere a la declaración ante el juez. En cualquier caso, cuando termina la declaración el letrado tiene una entrevista con el detenido y después de la entrevista tiene derecho a volver a declarar.

La Policía contradice al Supremo, que afirma que el asesoramiento comienza en el interrogatorio

El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que el derecho de defensa nace desde el mismo momento de la detención del ciudadano y el Tribunal Supremo, en su sentencia 06/03/1995, afirmó “la asistencia letrada va irremediablemente unida al derecho de defensa” y supone la “efectiva realización de los principios de igualdad y contradicción para evitar desequilibrios jurídicos entre las partes”, como recoge el mismo Trillo en un artículo reciente. En ese mismo escrito recuerda que “esta es la interpretación auténtica del propio texto constitucional pues se remonta incluso a la propia génesis de la Constitución, cuando la minoría catalana propuso, con éxito, la sustitución en el artículo 17.3 de la Constitución del término “presencia” por el de “asistencia” a fin de dotar al papel del abogado de un contenido más activo y amplio que el de mero observador “presente” y fiscalizador durante la declaración del detenido en comisaría”.

Así lo entendió también la Fiscalía General del Estado en su Consulta de 17 de enero de 1983, cuando afirmó que “el derecho de asistencia letrada tiene un contenido excedente de la simple presencia del Abogado…” y en la Instrucción 8/2004: “Si el derecho de defensa se reconoce al imputado desde los primeros momentos no pueden, sin riesgo de reducir a papel mojado tal reconocimiento, sostenerse interpretaciones que conduzcan a su ineficacia práctica”. Como recoge Trillo, “la jurisprudencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la propia normativa de la Unión ha decidido positivizarlo en las directivas 2010/46/EU, 2012/13/EU y, sobre todo, 2013/48/EU, que son de obligatoria trasposición por los propios estados”.

“Tenemeos una ley de enjuiciamiento criminal prehistórica y con mucha herencia de la dictadura”

Aún con todo, este conflicto ya podrá alargarse más allá de2016, cuando entre en vigor una directiva de la Unión Europea en la que se establece que los abogados podrán ver el atestado y entrevistarse con los detenidos antes del interrogatorio con la Policía.

“Me ha pasado muchas veces. En ocasiones he ido y la Policía está receptiva, preguntan ‘¿no va a declarar, no?” Y adelante. Otras veces, cuando le dices que no declare, la Policía te dice que no puedes opinar ni darle consejo y los agentes empiezan a amenazar con poner quejas en el colegio de abogados”, relata Martín. Él cree que esto se debe a “una ley de enjuiciamiento criminal prehistórica y que viene con mucha herencia de un modelo judicial de la dictadura”. Además, “a esto se une a la detención de 72 horas, que es eternidad, y al no poder entrevistarte con el cliente antes de que declare”. Esta herencia del pasado se materializa en el presente en algo que viven todos los detenidos que pasan por los calabozos: “La Policía sigue entiendo que la comisaría es su coto privado y pueden hacer lo que quieran”.

Los que provocaron y manipularon el 11-M ostentan hoy el poder

Fuente: Público. Los que provocaron y manipularon el 11-M ostentan hoy el poder.

Carlos Enrique Bayo Falcón

En cualquier otro país democrático, los dirigentes que hubieran manipulado con intereses partidarios y egoístas una matanza terrorista como la del 11-M habrían tenido que abandonar la política ante el oprobio de sus actos. Si, además, fueran indirectamente responsables de haber provocado esa masacre a causa de una intervención militar exterior ilegal, temeraria y claramente contraria a la voluntad de la inmensa mayoría del electorado, su formación habría perdido toda posibilidad de volver a ganar en las urnas.

En España, esos dirigentes y ese partido ostentan hoy, diez años después del atentado más sangriento de la historia de Europa, un poder parlamentario absoluto que están empleando para gobernar una vez más contra los intereses y los deseos de la mayor parte de la ciudadanía.

Hace exactamente diez años, tuve noticia de la tragedia de Atocha mientras corría hacia el hospital a ver a un compañero que había sufrido un síncope y estaba en coma. De inmediato, pensé: “ya tiene asegurada la victoria electoral este domingo el PP”. La radio hablaba sólo de “varios muertos” en un único atentado en esa sola estación de tren y, claro está, creí que se trataba de otra bomba de ETA y que los votantes refrendarían el programa antiterrorista de mano dura propuesto por los conservadores.

Pero una hora más tarde, en el taxi de camino a la redacción, descubrí que se trataba de una cadena de explosiones simultáneas, en diversos convoyes abarrotados en hora punta; un plan diseñado para causar el mayor número posible de víctimas mortales y cometer una carnicería masiva indiscriminada. Nada que ver con la trayectoria de ETA y prácticamente un calco de la estrategia empleada por el yihadismo, con o sin suicidas, para sembrar muerte de un extremo a otro del mundo.

Así que entré en El Periódico de Catalunya proclamando que se trataba de un ataque islamista relacionado con Al Qaeda y muy pronto convencí al director adjunto y a los subdirectores presentes de que esa deducción era mucho más que una mera hipótesis. Por supuesto, en ese momento los servicios de seguridad del Estado tenían que estar llegando a la misma conclusión, sobre todo porque ya sabían (y nosotros, aún no) que los Tedax habían identificado el explosivo y no cuadraba con el arsenal conocido de ETA.

Pero cuando ya teníamos lista la edición especial, ese mediodía, con un titular de portada (“11-M en Madrid”) que sugería semejanzas con el 11-S en Nueva York, bajó corriendo de su despacho el director para ordenarnos que cambiásemos ese título por: “Matanza de ETA en Madrid”. Ninguno de nosotros podíamos dar crédito a su empeño, cuando a cada minuto eran más claros los indicios de que se trataba de un atentado yihadista.

Como responsable de Internacional, con experiencia en Afganistán y otros campos de batalla islamistas, me opuse con todas mis fuerzas. Pero igual hizo el responsable de Política, gran conocedor del modus operandi de ETA. De nada sirvió, y El Periódico fue otro más de los grandes diarios españoles que esa tarde atribuyó errónea y estúpidamente el 11-M a la organización armada vasca.

Al día siguiente, con la ciudadanía inflamada por las evidentes mentiras que seguían difundiendo los miembros del Gobierno de Aznar, nuestro director se sintió obligado a darnos largas explicaciones en la reunión matutina del Consejo de Redacción. En resumen, Aznar le había llamada personalmente para instarle con enorme énfasis a que atribuyese la masacre a ETA, aduciendo que conocía esa autoría con total certeza gracias a datos incontestables que obraban en su poder pero que no podía revelar por ser reservados y cruciales para la investigación.

“Llegué a tener el convencimiento de que Aznar no me podía estar engañando”, se justificó el director, “porque si mintiese en una circunstancia tan grave, estaría arruinando su futuro político”. Así que acabó por creer al entonces presidente del Gobierno, quien –ya nadie puede negarlo– estaba poniendo en marcha una indecente campaña de mentiras e intoxicación informativa para evitar una derrota en las urnas, tergiversando premeditadamente los hechos que conocía con el único objetivo de manipular a la opinión pública. Por mucho menos, en Estados Unidos hubiera sido sometido a un impeachment y expulsado para siempre de la política.

Pero tamaña iniquidad no concluyó allí –pese a que provocó un voto masivo de repudio que causó la derrota electoral que precisamente Aznar pretendía evitar–, pues numerosos altos dirigentes del PP (incluidos varios ministros y, en ocasiones, hasta el propio Rajoy, hoy presidente del Gobierno) continuaron durante todo un decenio esa infame campaña de falsedades e invenciones, multiplicando el inmenso dolor de las víctimas supervivientes y de sus familiares con el único fin de ocultar los verdaderos hechos y evadir su responsabilidad.

Tan perversa y siniestra ha sido esta interminable operación de engaño masivo, con la muy activa complicidad de ciertos medios de comunicación y algunos mal llamados periodistas, que ha llegado incluso a provocar más muertes: al menos, un suicidio (la mujer de Rodolfo Ruiz, el comisario de Vallecas) y un asesinato (el del panadero pamplonica Ángel Berrueta, que se negó a colocar un cartel imputando la matanza a ETA y fue acribillado por un policía vecino suyo).

Al cumplirse el décimo aniversario, ni siquiera las pruebas fehacientes de tanta ignominia han aplacado a algunos de los conspiranoicos más renombrados. Un cargo del PP tan alto como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha atrevido a dudar aún de la autoría, aduciendo que “hay distintos puntos de vista”. Y El Mundo ha titulado a toda portada “Diez años después, no sabemos quién dio la idea de atentar el 11-M” una larguísima entrevista con el juez Gómez Bermúdez de la que en primera página ni siquiera se menciona que también dice: “ETA no tiene nada que ver con este atentado. No es que tenga una convicción firme y sólida, es que hay siete informes y cinco testimonios”.

Por cierto, en cuanto al juez Bermúdez, cinco años después de los atentados tuve la oportunidad de comer con él distendidamente y en la sobremesa pude interrogarle sobre su sentencia. ¿Por qué ni siquiera cita, en ese largo veredicto, la existencia del vídeo en el que un presunto portavoz militar de Al Qaeda en Europa, que se identifica como Abu Dujan Al Afgani, se atribuye los atentados en nombre de la red de Bin Laden?

“Vaya, ¿sabes que Zapatero me hizo la misma pregunta”?, me respondió el magistrado. “Verás, lo que yo procuré evitar es que la sentencia estuviera politizada”, adujo.

Peregrino argumento, sigo pensando yo, cuando el texto en árabe de esa cinta afirma que la matanza del 11-M “es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán”.

¿Cómo puede alegar el presidente del tribunal que sería “politizar” la sentencia incluir el único elemento probatorio sobre el móvil de tan espantoso crimen? ¿Cómo se puede emitir un veredicto final sobre el asesinato de 191 personas en el que no se expone el móvil porque se opta por obviar la prueba de cargo que especifica la motivación de esa matanza concienzudamente planeada?

La verdadera y única explicación de semejante disparate jurídico (y de los informes del espionaje occidental que insisten en desvincular el 11-M del Trío de las Azores y lo atribuyen a una venganza por el desmantelamiento de la célula Abu Dahdah de Al Qaeda, en 2001) es que la sentencia habría tenido que dictaminar que la masacre se produjo como consecuencia de la alianza de Aznar con Bush y Blair para desencadenar la invasión de Irak… que por otra parte ha causado la muerte de unos 135.000 civiles inocentes, víctimas de la falsificación más grande que se haya expuesto jamás ante la Asamblea General de la ONU.

Que uno de nuestros presidentes de Gobierno pueda ser inductor indirecto de semejante matanza es tan intolerable… como para que los poderes fácticos traten de taparlo por todos los medios. Aunque es aún más indignante que ese individuo siga impartiendo doctrina, sentando cátedra y empujando hacia la ultraderecha al partido que hoy gobierna España.

Ángel, la otra víctima del 11-M y de la campaña de mentiras de Aznar

Fuente: Público. Ángel, la otra víctima del 11-M y de la campaña de mentiras de Aznar.

El teléfono retumbó por toda la casa. Menos de 24 horas después de enterrar a su padre, Aitziber Berrueta levantó el aparato. “Ahora os vamos a matar a vosotros”, advirtió una voz anónima. Diez años después, los familiares del panadero pamplonés Ángel Berrueta siguen reclamando que las instituciones lo reconozcan como víctima de la violencia política.

Ángel Berrueta - Eguzki Bideoak

Ángel Berrueta – Eguzki Bideoak

Sus asesinos, un policía nacional y su hijo, lo mataron a disparos y cuchilladas por negarse a colocar un cartel que apuntaba a ETA como autora de los atentados del 11-M, tal como a esa misma hora se empecinaba en asegurar el Gobierno de José María Aznar.

Todo ocurrió durante el mediodía del 13 de marzo de 2004, en medio de una España conmovida por la tragedia que se había registrado dos días antes en Madrid. Sobre las 13.00 horas, el entonces portavoz de La Moncloa, Eduardo Zaplana, afirmó ante las cámaras que la principal línea de investigación conducía a ETA. La mentira caló hondo en el hogar de Valeriano de la Peña, un policía natural de Salamanca. Su mujer, María del Pilar Rubio Martínez, bajó a la panadería de su vecino Ángel e intentó poner un cartel con lemas contra ETA. El propietario del comercio se negó a pegar aquel folio, lo que provocó una fuerte discusión con María del Pilar, hija de un militar.

Los De la Peña vivían en el portal contiguo a la panadería de Berrueta, a quien consideraban un “etarra” por su vinculación con Gurasoak, el colectivo de padres de jóvenes encarcelados por actos de kale borroka -dos de sus cuatro hijos habían sido detenidos y posteriormente declarados inocentes por episodios de este tipo-. Tras los atentados del 11-M, Berrueta fue uno de los tantos comerciantes de Pamplona que colocó un crespón negro en solidaridad con las víctimas, e incluso cerró las puertas del establecimiento en señal de duelo. Nada de eso fue suficiente para la familia vecina, que ya había tomado una decisión. “Voy a matar a este hijo de puta”, se escuchó gritar a la mujer nada más abandonar el comercio.

Minutos después, el policía Valeriano de la Peña acudió a la panadería junto a su hijo Miguel, de 19 años. Traían un revólver y un cuchillo. Valeriano le pegó cuatro tiros a Ángel, mientras que su hijo se encargó de asestarle una puñalada en el hígado. Sobre las 14.00, el agente llamó a la Jefatura Superior de Policía para informar que había matado a su vecino. Para los Berrueta, la pesadilla acababa de empezar.

“Una amiga del barrio me llamó por teléfono para avisarme que le habían disparado a mi aita [padre, en euskera]. Fui de inmediato a la panadería, acompañada por mi jefe. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de policías. Fue el peor día de mi vida”, recuerda aPúblico Aitziber Berrueta. Su padre murió a las 14.38 en el Hospital de Navarra, donde había llegado en estado crítico. Tenía sesenta años. En el juicio celebrado en junio de 2005, Valeriano de la Peña fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que su hijo recibió una pena de 15 años. La mujer del policía, a quien los abogados de la acusación señalaban como inductora del crimen, resultó absuelta por el Tribunal Supremo.

En su sentencia, los jueces reconocieron que este asesinato registraba el agravante de la “motivación ideológica”. De esta manera, los magistrados aceptaron que Ángel no había sido acribillado y acuchillado por “una riña de vecinos” -tal como esgrimió el ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Javier Muñoz-, sino que había sido víctima de un crimen cargado de connotaciones políticas. Sin embargo, las instituciones jamás lo entendieron de igual forma, por lo que los familiares del panadero aún siguen reclamando que se reconozcan las “motivaciones ideológicas” que estuvieron detrás de este caso.

El último intento tuvo lugar el pasado jueves, cuando la plataforma Ángel Gogoan -Ángel en el Recuerdo, un colectivo formado por vecinos, familiares y amigos- impulsó una moción en el ayuntamiento de Pamplona para que reconociese al vecino del barrio San Juan como víctima de la violencia política y autorizase la colocación de una placa en su memoria. La iniciativa contaba con el respaldo de 2.136 firmas que habían sido recogidas en los días previos. Sin embargo, UPN y PP votaron en contra, mientras que el PSN se abstuvo. Izquierda-Ezkerra -coalición formada por IU y Batzarre- apoyó la idea de reconocer los móviles políticos del crimen, aunque optó por la abstención en cuanto a la placa de homenaje. Sólo Bildu -encargada de presentar el texto- y Nafarroa Bai se posicionaron a favor de ambos puntos.

Aitziber se muestra dolida con la decisión adoptada por el ayuntamiento, aunque no es la primera vez que siente algo parecido: una moción similar ya había sido rechazada en febrero de 2012 con los votos de UPN, PP y PSOE. “Según quién sea el asesino, eres víctima o no”, se queja la hija de Berrueta. Durante algunos años, tanto ella como su familia tuvieron que soportar las pintadas que aparecían en el portal de la vivienda -donde llegaron a dibujarles un ataúd-, las llamadas amenazantes y los ataques a pedradas contra la tienda donde habían matado a Ángel.

Esta mujer también tiene muy presente que los asesinos de su padre jamás mostraron el más mínimo arrepentimiento. “Si vuelven a casa, los tendremos otra vez en el barrio”, advierte. Entonces se le viene a la cabeza aquel día en el que la esposa del policía entró en la tienda donde ella trabajaba. Había pasado algún tiempo del crimen, pero las heridas -al igual que en este décimo aniversario- seguían abiertas. “No lo soporté. Me tuve que ir a la parte trasera del local”, recuerda. Ese día, la hija del panadero lloró de rabia.

800 euros de multa a dos niñas de 15 y 17 años por decir: “vergüenza me daría ser policía”

Fuente: Primavera Valenciana. 800 euros de multa a dos niñas de 15 y 17 años por decir: “vergüenza me daría ser policía”

“Vergüenza me daría ser policía”. Fue la opinión que manifestaron E.G. y otras cuatro compañeras al ver a un grupo de agentes de la policía española delante de la Delegación del Gobierno español en Galicia ubicada en la Coruña. Tras decir eso, continuaron el camino de vuelta a casa de la manifestación contra la LOMCE que se realizó en la ciudad. Pero, cuando ya había pasado media hora desde que la movilización se había disuelto y cuando las jóvenes habían andado ya varios metros -unos 10 minutos-, cuatro policías se acercaron a ellas -conversaban sentadas en un banco- y, “con una actitud muy intimidatoria” les preguntaron: ¿”A ver, a quién le daría vergüenza ser policía? ¿A ti y a ti? ¡Vamos, a la comisaría!”

Solicitaron sus identificaciones y, sin mediar más palabra, condujeron E.G. y L.T, dos de las cuatro amigas, hasta la comisaría, donde debieron ir sus familias a buscarlas por tratarse de menores de 15 y 17 años respectivamente. “A mi madre le dijeron que yo los había insultado y, de hecho, es eso lo que pone en la denuncia”, por la que le reclaman 400 euros a cada una.

“Estábamos ejerciendo nuestro derecho a expresar una opinión”, dice E.G. en una entrevista con Ser Galiza. La policía española, sin embargo, entiende esto como “una falta de respeto a los agentes y una provocación para que el resto de manifestantes secunde los insultos”, pese a que, como explica la joven, la protesta ya había sido disuelta hacía tiempo.

E.G. está indignada: le gustaría saber si pasaría lo mismo si los policías que se la llevaron detenida se presentaran en una panadería y dijeran , hablando entre ellos, que les daría vergüenza ser panaderos. “Mandaron cuatro agentes para llevar a la comisaría a dos niñas de 15 y 17 años. Iban dos delante y dos detrás, como si fuéramos delincuentes. La gente alucinaba. Una señora hasta dijo que el panorama merecía ser grabado”, continua E.G.

“Les dijeron a nuestros padres que no nos va a constar como antecedente, que sólo es un aviso. Un “aviso” que costará 400 euros a cada familia de estas dos jóvenes y para el cual ellas tienen otra explicación: “Es una falta de respeto a nuestra libertad de expresión porque sólo estábamos exponiendo nuestra opinión. ¿Qué les sienta mal? Es nuestro derecho”.

Original en gallego: Sermos Galiza