Ángel, la otra víctima del 11-M y de la campaña de mentiras de Aznar

Fuente: Público. Ángel, la otra víctima del 11-M y de la campaña de mentiras de Aznar.

El teléfono retumbó por toda la casa. Menos de 24 horas después de enterrar a su padre, Aitziber Berrueta levantó el aparato. “Ahora os vamos a matar a vosotros”, advirtió una voz anónima. Diez años después, los familiares del panadero pamplonés Ángel Berrueta siguen reclamando que las instituciones lo reconozcan como víctima de la violencia política.

Ángel Berrueta - Eguzki Bideoak

Ángel Berrueta – Eguzki Bideoak

Sus asesinos, un policía nacional y su hijo, lo mataron a disparos y cuchilladas por negarse a colocar un cartel que apuntaba a ETA como autora de los atentados del 11-M, tal como a esa misma hora se empecinaba en asegurar el Gobierno de José María Aznar.

Todo ocurrió durante el mediodía del 13 de marzo de 2004, en medio de una España conmovida por la tragedia que se había registrado dos días antes en Madrid. Sobre las 13.00 horas, el entonces portavoz de La Moncloa, Eduardo Zaplana, afirmó ante las cámaras que la principal línea de investigación conducía a ETA. La mentira caló hondo en el hogar de Valeriano de la Peña, un policía natural de Salamanca. Su mujer, María del Pilar Rubio Martínez, bajó a la panadería de su vecino Ángel e intentó poner un cartel con lemas contra ETA. El propietario del comercio se negó a pegar aquel folio, lo que provocó una fuerte discusión con María del Pilar, hija de un militar.

Los De la Peña vivían en el portal contiguo a la panadería de Berrueta, a quien consideraban un “etarra” por su vinculación con Gurasoak, el colectivo de padres de jóvenes encarcelados por actos de kale borroka -dos de sus cuatro hijos habían sido detenidos y posteriormente declarados inocentes por episodios de este tipo-. Tras los atentados del 11-M, Berrueta fue uno de los tantos comerciantes de Pamplona que colocó un crespón negro en solidaridad con las víctimas, e incluso cerró las puertas del establecimiento en señal de duelo. Nada de eso fue suficiente para la familia vecina, que ya había tomado una decisión. “Voy a matar a este hijo de puta”, se escuchó gritar a la mujer nada más abandonar el comercio.

Minutos después, el policía Valeriano de la Peña acudió a la panadería junto a su hijo Miguel, de 19 años. Traían un revólver y un cuchillo. Valeriano le pegó cuatro tiros a Ángel, mientras que su hijo se encargó de asestarle una puñalada en el hígado. Sobre las 14.00, el agente llamó a la Jefatura Superior de Policía para informar que había matado a su vecino. Para los Berrueta, la pesadilla acababa de empezar.

“Una amiga del barrio me llamó por teléfono para avisarme que le habían disparado a mi aita [padre, en euskera]. Fui de inmediato a la panadería, acompañada por mi jefe. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de policías. Fue el peor día de mi vida”, recuerda aPúblico Aitziber Berrueta. Su padre murió a las 14.38 en el Hospital de Navarra, donde había llegado en estado crítico. Tenía sesenta años. En el juicio celebrado en junio de 2005, Valeriano de la Peña fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que su hijo recibió una pena de 15 años. La mujer del policía, a quien los abogados de la acusación señalaban como inductora del crimen, resultó absuelta por el Tribunal Supremo.

En su sentencia, los jueces reconocieron que este asesinato registraba el agravante de la “motivación ideológica”. De esta manera, los magistrados aceptaron que Ángel no había sido acribillado y acuchillado por “una riña de vecinos” -tal como esgrimió el ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Javier Muñoz-, sino que había sido víctima de un crimen cargado de connotaciones políticas. Sin embargo, las instituciones jamás lo entendieron de igual forma, por lo que los familiares del panadero aún siguen reclamando que se reconozcan las “motivaciones ideológicas” que estuvieron detrás de este caso.

El último intento tuvo lugar el pasado jueves, cuando la plataforma Ángel Gogoan -Ángel en el Recuerdo, un colectivo formado por vecinos, familiares y amigos- impulsó una moción en el ayuntamiento de Pamplona para que reconociese al vecino del barrio San Juan como víctima de la violencia política y autorizase la colocación de una placa en su memoria. La iniciativa contaba con el respaldo de 2.136 firmas que habían sido recogidas en los días previos. Sin embargo, UPN y PP votaron en contra, mientras que el PSN se abstuvo. Izquierda-Ezkerra -coalición formada por IU y Batzarre- apoyó la idea de reconocer los móviles políticos del crimen, aunque optó por la abstención en cuanto a la placa de homenaje. Sólo Bildu -encargada de presentar el texto- y Nafarroa Bai se posicionaron a favor de ambos puntos.

Aitziber se muestra dolida con la decisión adoptada por el ayuntamiento, aunque no es la primera vez que siente algo parecido: una moción similar ya había sido rechazada en febrero de 2012 con los votos de UPN, PP y PSOE. “Según quién sea el asesino, eres víctima o no”, se queja la hija de Berrueta. Durante algunos años, tanto ella como su familia tuvieron que soportar las pintadas que aparecían en el portal de la vivienda -donde llegaron a dibujarles un ataúd-, las llamadas amenazantes y los ataques a pedradas contra la tienda donde habían matado a Ángel.

Esta mujer también tiene muy presente que los asesinos de su padre jamás mostraron el más mínimo arrepentimiento. “Si vuelven a casa, los tendremos otra vez en el barrio”, advierte. Entonces se le viene a la cabeza aquel día en el que la esposa del policía entró en la tienda donde ella trabajaba. Había pasado algún tiempo del crimen, pero las heridas -al igual que en este décimo aniversario- seguían abiertas. “No lo soporté. Me tuve que ir a la parte trasera del local”, recuerda. Ese día, la hija del panadero lloró de rabia.

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UPN propone obligar a las mujeres a ver una foto del feto antes de abortar

Yo propongo mandar fotos a este impresentable de:

  • Una foto de cada una de las familias que se queda en la calle por los desahucios.
  • Una foto de cada una de las mujeres que mueren por violencia de genero.
  • Una foto de cada uno de los niños que no pueden realizar tres comidas al día
  • Una foto de cada una de las personas que escarban en la basura.
  • Una foto de cada una de las personas que está sufriendo por las preferentes

No es coacción, es simplemente “información” que muestre la “realidad vital y humana de su existencia”.

“El Congreso tendrá que estudiar si obliga a las mujeres a ver una imagen del feto antes de abortar. Es la propuesta del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador para reformar la Ley del aborto aprobada en 2009 por la mayoría parlamentaria (PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CiU). UPN votó en contra junto a PP, UPyD, Coalición Canaria y siete diputados de CiU. UPN pretende ahora obligar a que se muestre una ecografía del feto antes de que la mujer decida interrumpir de forma voluntaria su embarazo porque “una imagen vale más que mil palabras”. Los expertos rechazan esta propuesta al considerar que “intentar disuadir a la mujer de abortar es tortura psicológica” que puede acarrear el síndrome postaborto que se produce por un “mal acompañamiento”.

El diputado de UPN Carlos Salvador

El diputado de UPN Carlos Salvador

UPN propone añadir una nueva letra al articulado de la vigente ley para que, en aquellos casos en los que las mujeres opten por la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, reciban en un sobre cerrado, y junto a la lista de ayudas públicas disponibles para las gestantes y la cobertura sanitaria durante el embarazo que determina la ley, una ecografía del ‘nasciturus’.

El Pleno de la Cámara Baja tendrá que decidir día si admite o no a trámite a la propuesta. El PP no descarta apoyar la medida pero manifiesta reticencias. “Lo estudiaremos”, ha señalado el portavoz del grupo parlamentario popular, Alfonso Alonso, que ha señalado su “respeto a la capacidad del proponente”. No obstante, Alonso ha apuntado reticencias a secundar el texto: “A bote pronto no lo veo”.

Los médicos en Navarra objetan

Salvador dice que esta medida no supondría una coacción para la mujeres, al tratarse de “información” que muestre la “realidad vital y humana de su existencia” y que, unida al resto de la documentación, sirva a la madre y, en su caso, al padre, para poder tomar una decisión “con toda la información relevante a su alcance y sin censuras”. Según justifica la formación navarra, la entrega de una ecografía evitaría también “equívocos interesados” sobre el origen de la vida humana.

La opinión de UPN choca frontalmente con la de los expertos, que sostienen que “las mujeres abortan porque lo necesitan, no porque no sepan lo que tienen dentro”. “Informar no es intentar disuadir a las mujeres de no abortar, que es tortura psicológica”, señala Santiago Barambino, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Emabrazo (ACAI).

Barambino asegura que “las mujeres hacen consideraciones previas” antes de interrumpir el embarazo y considera que la “tortura psicológica” que supone el intento de disuasión en esta decisión supone un “mal acompañamiento” que es lo que “acarrea el síndrome postaborto”. ACAI apunta, además, a que el objetivo de esta propuesta no es otro que hacer sentir a la mujer “moralmente culpable” de la decisión.

La Federación de Mujeres Progresistas considera que es una propuesta “lamentable” que trata de “frivolizar a las mujeres como si no supieran lo que van a hacer”. Al igual que ACAI, la presidenta de la federación, Yolanda Besteiro, sostiene que buscan “añadir culpabilidad a las mujeres e intentar hacer el mayor daño posible en una decisión que ya es de por sí dolorosa”.

Aunque el aborto es legal en España desde hace 27 años, en Navarra hasta hace muy poco resultaba casi imposible abortar. En sus hospitales públicos no se practican abortos porque los médicos objetan. El problema arrancó en 1987, cuando un grupo ultra vinculado al Opus Dei denunció a los ginecólogos que practicaban abortos en un hospital público de Pamplona. Un juez les exculpó, pero el acoso y derribo sufrido y la falta de medios en los hospitales públicos dejó de facto a las navarras en desventaja respecto del resto de las españolas. A finales de 2011 abrió sus puertas la clínica privada Ansoáin, en la que se realizan intervenciones voluntarias del embarazo.”

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